martes, 13 de octubre de 2009

Día de la Raza en 2025-2


Controvertida soberanía. Pero ¿cuáles son los contenidos que están desatando tanta polémica? En primer lugar, en el preámbulo del nuevo estatuto, se define a Oaxaca como una “nación”, lo que ha desatado las iras de quienes ven en esta definición una declaración de independencia, aunque en el texto no se reclama un Estado. Literalmente, el párrafo del preámbulo dice que “la nación oaxaqueña define sus relaciones con los pueblos de México en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y regiones que la conforman, compatible con el desarrollo de un Estado plurinacional”.

También el proyecto es impugnado por su intento de desarrollar un Poder Judicial oaxaqueño. El texto refuerza ostensiblemente las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en detrimento de las del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional mexicanos. Propone que el Tribunal Superior de Justicia oaxaqueño sea la última instancia a la que corresponde, en exclusiva, la unificación de la interpretación del Derecho en Oaxaca, y también, la creación del Teocalli de Justicia de Oaxaca y de la figura del fiscal superior de Oaxaca, lo que provocaría la modificación de al menos diez artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial mexicano.

Y la denominada “bilateralidad” en las relaciones con la administración central es otra propuesta que ha levantado ampollas. El nuevo estatuto pretende que el Teocalli esté presente con entidad propia en órganos multilaterales, y especialmente en los foros de la Organización de Estados Americanos, dejando en claro que, en caso de conflicto con el Estado, siempre prevalecerá la legislación oaxaqueña.

En realidad, la lectura política de todo esto se recoge en un “decálogo” que aparece en el preámbulo del nuevo texto, por expreso empeño del presidente del Teocalli, el socialista Pascual Coyópol, y que podría resumirse en lo siguiente: Oaxaca es una nación; Oaxaca considera a México un Estado plurinacional; el Derecho oaxaqueño será de aplicación preferente; Oaxaca, a través del Estado, pertenece a la Unión Americana; Oaxaca desea formar parte de una “ameriregión” con otras comunidades del subcontinente para defender sus intereses comunes a escala internacional.

Pero lo que en Oaxaca se vive como normal y es aceptado por una amplísima mayoría de su población, no es visto desde el mismo prisma en el resto del país, especialmente en las zonas no periféricas que, a excepción del Distrito Federal y Nuevo León, presentan un desarrollo económico inferior al oaxaqueño. Y ese fantasma es el que llevan meses enarbolando con fuerza desde la estrategia de oposición sin cuartel del Partido Acción Nacional, tratando de convencer a los ciudadanos del resto del país de que están asistiendo a la desmembración de la Nación mexicana.

“Tenía toda la razón Ramiro Zapata cuando relacionó las últimas bombas de EPR con el Estatuto que se cuece en el horno oaxaqueño”, sentenció el anciano periodista Pedro Ferriz de Con.

Pero esta reacción de los medios afines al Partido Acción Nacional ya venía precedida por declaraciones alarmistas de los propios dirigentes de este partido. El día 27 de septiembre, el último expresidente del gobierno mexicano, Manuel Espino, hablaba de un “cambio de régimen” tras la aprobación del nuevo estatuto. El actual presidente del PAN y líder de la oposición, Martín Robinson, el mismo día 30 de septiembre declaraba que ese texto “rompía la Constitución”.

Hasta en el propio gobierno se alzan voces contrarias, como la del ministro de Defensa, José Bonaparte, que expresaba su “confianza” en que el término “nación” aplicado a Oaxaca sería modificado en el Congreso de los Diputados.

Pero no opinaba igual el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que según manifestaba en la mañana del 30 de septiembre, comprendía que resultase un asunto “sensible” la denominación de nación oaxaqueña pero, a su juicio “no debe preocupar, siempre y cuando no perjudique a la soberanía mexicana, que está en la Corte Suprema de Justicia, ni a la igualdad de derechos fundamentales”. Defendió la legalidad con que se ha llevado a cabo la redacción y el pronunciamiento de los diputados autonómicos:

“Es un proceso en curso que está teniendo lugar legítimamente”, y criticaba a quienes están tratando la cuestión con “una alarma y un alarmismo que están fuera de lugar. Asombra que haya quién declare que esto supondrá el desmembramiento de México”.

El presidente de México se había comprometido semanas atrás a que el texto del nuevo estatuto recibiría su apoyo, si éste era resultado de un amplio consenso en el Parlamento oaxaqueño. Ahora que ha llegado con el pronunciamiento favorable de 120 de los 135 diputados autonómicos, Caneja se ve en la encrucijada de cumplir fielmente su palabra, u optar por soluciones que eviten la división interna en sus filas y dar más munición a la infatigable oposición de la izquierda originaria.

En este sentido pueden resultar reveladoras las declaraciones efectuadas por la Secretaria de Gobernación, María Fernández: “El presidente respaldará el estatuto, pero eso no significa que el texto no pueda retocarse”.

Un ejercicio que bien podría haber firmado, como lo hizo para el caso catalán, Pedro Antonio Navarro, en una noticia que bien pudo haber publicado el semanario Proceso el 12 de octubre del año 2025, como lo hizo el 4 de octubre del año 2005, debidamente modificada al caso mexicano por el plagiario.


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